INDEPI Y AYUNTAMIENTO DE TAMPAMOLÓN DESACATAN LA LEY

Acuerdo de los tres poderes obliga a alcalde a consultar indígenas

Jueza Federal proveyó un amparo a favor de inconformes

La administración municipal de Tampamolón Corona, encabezada por Isidro Mejía Gómez, quebranta la Ley, ignora el amparo de una jueza federal e incumple el acuerdo emitido por los tres poderes para otorgarles a los pueblos indígenas su derecho a participar en el Plan Municipal de Desarrollo.

Ante esto, el titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas (INDEPI), Raúl González Vega, se muestra omiso, a pesar de que sobre él pesa la exigencia de cientos de indígenas para que sea destituido, y cuenta con sendas recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales nunca han sido atendidas.

Ambas autoridades se niegan a realizar la reposición de una consulta, que se encuentre enmarcada y de acuerdo con las disposiciones justamente de la “Ley de Consulta Indígena del Estado y Municipios de San Luis Potosí” para que dichas comunidades ejerzan su derecho a participar en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021.

Así lo manifestaron indígenas de Tampamolón, encabezados por Antolín Santiago Santos, Brenda Guadalupe, Arnulfo Santiago y Juan Hernández Martínez, así como su representante, Laurencio Nava Ruiz, quienes exigen que sea respetado su derecho y se ejerza la resolución de amparo federal a su favor.

Aseguraron que existe una resolución a su favor, en la que se les concede el Amparo y protección de la Justicia Federal, mismo que proveyó la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, Ma. Guadalupe Torres García, luego de que integrantes de las comunidades Tének y Náhuatl del citado municipio interpusieran este recurso.

De igual forma, Gobierno del Estado, el Congreso Local y el Supremo Tribunal de Justicia emitieron un acuerdo, a través del cual obligan al alcalde de Tampamolón, Isidro Mejía Gómez, a que consulte a los pueblos indígenas de esa localidad, luego de que no lo hiciera cuando elaboró el Plan Municipal de Desarrollo.

Uno de los principales reclamos es que las comunidades no han sido tomadas en cuenta, a pesar de que la población indígena del municipio representa 90% de sus habitantes, con ello al menos 44 comunidades se han visto afectadas.

Durante su primer trienio, el alcalde tuvo la oportunidad de realizar la consulta indígena, en vez de eso creó un evento simulado, hoy se busca que se ejecute la orden y se realice conforme lo marca la Ley, respetando sus fases, tiempos y mandatos, además de la conformación de un grupo operativo, todo lo cual debe de ser determinado por las mismas comunidades indígenas.

El haber emitido una convocatoria a modo y efectuar reuniones con supuestas “autoridades comunitarias” descalifica la consulta, así como por la forma en que se llevó a cabo el proceso, puesto que no se ajustó a lo previsto en la Ley.

La actual consulta no contiene, ni el análisis de las prioridades que existen en las comunidades, como tampoco ninguna propuesta de trabajo presentada por las mismas, esto trae como consecuencia que no se gestionen obras que realmente beneficien a los indígenas, ya que nunca se les tomó en cuenta.

Ante ello fue dado a conocer que se enviaron los documentos pertinentes a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Rocío Elizabeth Cervantes Hernández; al Fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera; así como al magistrado presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Juan Ramiro Robledo Ruiz.

Cabe destacar que los integrantes de la entidad normativa que menciona la sentencia son el director del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, Raúl de Jesús González Vega; las diputadas Rosa Zúñiga Luna y María del Rosario Sánchez Olivares, presidente y secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado respectivamente; así como los magistrados, Luz María Cabrero Romero y Ricardo Sánchez Márquez, integrantes de la Comisión de Justicia Indígena del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

*El derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas es una prerrogativa fundamental, reconocida en el Artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe hacer mención que en la legislación internacional se previene que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas.

*Estos actos deben efectuarse de buena fe y en forma apropiada a las circunstancias, cuya finalidad radica en llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

*Se previene, además de la protección y garantía de ese derecho como obligación del Estado, los procedimientos en que habrá de llevarse a cabo su ejercicio, así como las sanciones por violaciones al mismo.