EL ENEMIGO ESTÁ AFUERA…

Por: Emanuel Landeros/@landerosemanuel

La semana pasada, en sesión ordinaria del Congreso del Estado se aprobó, por mayoría, la iniciativa presentada por 20 diputados para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso local; lo que representa, en esencia, la facultad que tienen los diputados de un grupo parlamentario del mismo partido para elegir, de entre ellos, a su coordinador.

Claramente se asentó que esto elimina la interferencia y vulneración al principio de soberanía popular, representativa e institucional, y se denominó como “una añeja práctica” el que esta prerrogativa fuera propia del dirigente del partido político.

Sin embargo, luego de esto, en el Partido Acción Nacional se desataron una serie de reacciones, por decir lo menos, desproporcionadas, acusando, a través de redes sociales, cartas enviadas a medios de comunicación y con comentarios en la prensa escrita, a una parte de sus legisladores por ir en contra de su dirigencia.

Se les acusó de no querer depender ya de su partido, de traicionarlo y de no obedecer sus principios y doctrina, así como de solo utilizarlo como trampolín para sus aspiraciones personales.

Olvidaron pues, los aguerridos oficiosos, la soberanía del Poder Legislativo, hicieron a un lado el que este sea un cuerpo colegiado en pleno ejercicio de las atribuciones que señala la Constitución Política del Estado, y eliminaron, literalmente de un plumazo, la voluntad soberana e institucional, exclusiva de los diputados, en lo relativo a su vida interna y a la manera en cómo ha de organizarse, nombrar su estructura y representación parlamentaria ante la Junta de Coordinación Política.

Si bien es cierto que los estatutos de casi todos los partidos contemplan la facultad de sus dirigencias para nombrar al coordinador de sus fracciones legislativas, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento son de orden público y establecen las bases para la organización, funcionamiento y todo lo relativo a las atribuciones que le competen solamente al Congreso.

En contra de los oficiosos, pongámonos entonces legaloides y citemos que: de conformidad con la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos son entidades de interés público; “la Ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden”, nada más.

Pero, ¿por qué entonces, solo en el blanquiazul se pretendió satanizar, condenar y de haber sido posible quemar en leña verde a los diputados de su partido que, junto a otros 20, modificaron la Ley para que esta se encuentre acorde, incluso con los nuevos tiempos?

Puede haber muchas lecturas, pero por el bien del instituto político fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, sus dirigentes, militantes, funcionarios y representantes populares deben desde hoy evitar peleas internas que fueran impulsadas por un triunfalismo anticipado, que les hiciera presuponer que, quienes desde ahora se posicionen rumbo al 2018, irían montados en caballo de hacienda; nada más lejos de la realidad.

Finalmente, como un intento más por denostar y desprestigiar al citado grupo, se pretendió hacer creer que se fraguaba ir en contra de lo que, desde hace una semana, se dio a conocer por parte de su dirigencia, votar en grupo en contra de la cuenta pública 2015 del gobierno estatal.

Antes de concluir esta columna, se supo que el tan publicitado grupo sí acordó votar en contra de la cuenta pública del ex gobernador, Fernando Toranzo Fernández; al menos abstenerse, con lo que en un tris se vino abajo el argumento de cisma y divorcio irreconciliable entre la dirigencia del PAN y sus diputados, quienes en esta ocasión asumen su responsabilidad con la sociedad y su partido.

Que no olviden la regla de oro que dice “el enemigo está afuera”.

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