BUSCARÁ INTERAPAS REVERTIR REDUCCIÓN DE VOLÚMENES DE EXTRACCIÓN

Por omisiones de funcionarios de administraciones anteriores, Conagua pretende reducir una tercera parte de los derechos de extracción.

Tras ser notificados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de una penalización en los derechos de extracción de la principal concesión con la que cuenta el organismo de agua potable intermunicipal, Interapas, por 19.2 millones de metros cúbicos de agua, a causa de una omisión administrativa de funcionarios de administraciones anteriores, el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Gallardo Juárez, instruyó a que se haga lo que sea necesario para revertir dicha situación.

Al respecto, Alfredo Zúñiga Herverth, el director del organismo, precisó que las concesiones tienen una vigencia de diez años y que pueden comenzar su trámite de renovación al llegar a la mitad de dicho periodo y se cumple en tiempo y forma, si se entrega a más tardar seis meses previos a su caducidad. La concesión en cuestión tiene fecha de otorgamiento de octubre del 2004, por lo que debió concluirse el proceso en abril del 2014, lo cual no fue hecho por los funcionarios responsables en ese periodo, sobre todo, el ex director, Eduardo García Castillo, quien parece ser el principal responsable de esta problemática.

“Es una omisión que puede afectar a 350 mil potosinos, casi 90 mil hogares, por lo que buscaremos sensibilizar a la Conagua; hay formas de resarcir este daño y las estamos planteando todas”, afirmó y agregó que al final de cuentas, no se castiga a los responsables, sino a numerosas familias que dejarían de recibir el agua que requieren.

Por ello, se presentará el recurso de revisión ante la Conagua y en caso de que este no sea favorable, se analiza ya la vía del amparo, aunque Zúñiga Herverth confió en poder sensibilizar a los funcionarios federales “esto no es una determinación de efectos meramente administrativos, es un tema de fondo social”, dijo. De manera paralela, señaló que tanto el área jurídica como la Contraloría del organismo analizan ya el procedimiento que se seguirá contra los funcionarios que omitieron cumplir con el trámite y que ahora tiene el potencial para afectar a una parte importante de la zona metropolitana.

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